LOS JUICIOS FALLIDOS
Cuando comenzaron a circular las noticias de que los armenios estaban siendo masacrados, los gobiernos de los Aliados (Inglaterra, Francia y Rusia) emitieron una declaración conjunta en la cual se responsabilizada al gobierno del Imperio Otomano de los crimines cometidos en su territorio “contra la humanidad y la civilización”. Tras la victoria de los Aliados en la Primera Guerra Mundial, se esperaba que estas potencias cumplieran con su promesa de justicia para los armenios.
Sin embargo, el arresto y la inculpación de miembros individuales del gobierno otomano se vieron dificultados por varias razones. En primer lugar, muchos de los responsables directos del genocidio seguían en el poder. En segunda instancia, los Aliados tenían intereses políticos divergentes en la región, lo cual causó serias diferencias sobre si inculpar o no a los responsables. Por último, y más importante, la legislación internacional se reveló inadecuada para tratar con el problema de los “crímenes contra la humanidad”.
No obstante, hubo tres intentos (finalmente fallidos) de juzgar y castigar a los culpables. El primero se trató de una serie de cortes marciales extraordinarias, emplazadas por el mismo gobierno otomano. Los turcos esperaban de ese modo obtener resultados más favorables en la Conferencia de Paz de Paris. Sin embargo, estas cortes fueron levantadas a causa de la presión del nuevo Movimiento Nacionalista Turco, dirigido por miembros del C.U.P; por lo tanto, se hizo evidente que los turcos no iban a obtener ninguna garantía a partir de los tratados de paz.
El último intento provino provino de Gran Bretaña, que recelosa de las cortes marciales otomanas, resolvió tomar bajo su custodia a los sospechosos y embárcalos a Malta, donde comenzaron a ser juzgados bajo la ley británica. Sin embargo, al no haber reunido suficientes evidencias en sus archivos contra individuos específicos que hubieran llevado adelante el genocidio, sus esfuerzos de concretar procesamientos resultaron inútiles.
LA LUCHA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA
Hasta el día de hoy, el gobierno de la República de Turquía, fundada en 1922 por miembros del C.U.P, niega la existencia de una deliberada política de asesinato sistemático de ciudadanos armenios por parte del gobierno otomano.
La posición oficial turca es que la muerte de cientos de miles de armenios (los turcos consideran un número que va de los 300.000 a los 600.000) fue un resultado trágico pero no deseado, de la guerra.
En respuesta a esta negación del genocidio, tanto el Estado Armenio como los armenios de la diáspora (los que viven fuera de Armenia) han presionado para conseguir el reconocimiento oficial del genocidio del que fueron objeto por parte de gobiernos de todo el mundo. Más de veinte países, entre ellos la Argentina, han dado el reconocimiento oficial al genocidio.
