Una constitución es la ley
suprema de un país, a la que deben ajustarse todas las leyes vigentes en él.
Allí se encuentran las reglas fundamentales para la organización del Estado (la
división de poderes, la representación democrática, el federalismo, los
requisitos para acceder a la función pública, los mecanismos para la creación de
leyes, etc.), los derechos que el Estado reconoce y debe proteger (a transitar
el territorio, a expresar las ideas, a disponer de propiedad, a profesar
libremente un culto, etc.), y los fines que inspiran las acciones del Estado
(el bien común, la dignidad humana, la justicia, la libertad, etc.).
En este sentido puede afirmarse que el objetivo de una constitución es ofrecerle un marco de estabilidad y
racionalidad a las instituciones del Estado para evitar las arbitrariedades y
los abusos por parte de los titulares del poder político. También es una forma
de legitimar las acciones del Estado, es decir, de brindarles un contenido ideológico
y de valores para que esas acciones sean
recibidas por la población con altos niveles de consenso.
La constitución se erige como la
norma suprema del Estado, como su ley más importante a la que ninguna otra ley –
nacional, provincial o municipal – puede alterar o contradecir. Todo lo que en
sus artículos queda consagrado sirve para establecer las condiciones, formas y
prioridades que deberán seguir las personas que asuman responsabilidades de
gobierno y tomen en sus manos las riendas de la vasta maquinaria estatal. Por
otra parte, el análisis de la organización del Estado instituida en la Constitución
nos ofrece una importante clave de lo
que es, en términos formales, el régimen político en una determinada sociedad.
El concepto de régimen político comprende
el conjunto de las instituciones que regulan el poder político y el ejercicio
del poder, además de los valores que entran en juego en esa regulación.
Así, por ejemplo, la democracia
es un régimen político, puesto que ofrece un conjunto de reglas y
procedimientos para determinar quienes
acceden al poder político, cómo lo hacen y la manera en que lo llevarán
adelante una vez alcanzado. Como las reglas del juego democrático se repiten a
lo largo del tiempo, ofrecen previsibilidad y legitimidad al poder y a los
actos de gobierno.
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