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martes, 8 de noviembre de 2022
jueves, 27 de octubre de 2022
DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO
REVOLUCION FRANCESA
DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO
Los historiadores suelen señalar que la Revolución Francesa fue una “revolución burguesa”. Este concepto indica que las transformaciones que produjo este proceso histórico dieron lugar a un nuevo tipo de sociedad en la cual el sector social y político preponderante pasó a ser la burguesía, y no la nobleza, como en el antiguo régimen. Esto no quiere decir que sus actores fuesen exclusivamente los burgueses.
Así, en la Revolución Francesa participaron, como miembros del Tercer Estado, otros grupos sociales (campesinos, artesanos, trabajadores asalariados). Pero las transformaciones políticas, jurídicas y culturales que introdujo dieron lugar a una sociedad burguesa.
LIBERTAD Y LA IGUALDAD JURIDICA
En el caso de la Revolución Francesa, un aspecto fundamental que la muestra como una “revolución burguesa” fue el establecimiento de la igualdad jurídica, es decir que, más allá de sus diferencias de riqueza y de nacimiento, a todos los habitantes de Francia se les aplicasen las mismas leyes. Al mismo tiempo, consagró una serie de derechos fundamentales para asegurar las libertades individuales.
Estos principios fueron consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada el 26 de agosto de 1789. Ese documento marcaba el nacimiento de la nueva sociedad, ya que reunía las aspiraciones de la burguesía a que se pusiese fin a los privilegios de que gozaba la nobleza y a las arbitrariedades del absolutismo.
ARTICULO 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.
ARTICULO 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
ARTICULO 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.
ARTICULO 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro; por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley.
ARTICULO 5. La Ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudícales para sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer que esta no ordene.
ARTICULO 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.
ARTICULOS 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, sino en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que esta ha prescrito.
Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia.
ARTICULO 8. La ley solo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicado legalmente.
ARTICULO 9. Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.
ARTICULO 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condiciones de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.
ARTICULO 11. La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a cambio de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.
ARTICULOS 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.
ARTICULO 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; esta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.
ARTICULO 14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.
ARTICULO 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.
ARTICULO 16. Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.
ARTICULO 17. Al ser la propiedad de un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.
EL MODELO ECONOMICO: INDUSTRIA Y MERCADO INTERNO
EL MODELO ECONOMICO: INDUSTRIA Y MERCADO INTERNO
El peronismo continúo con la política económica implementada desde la década de 1930, orientada al fomento de la industrialización por sustitución de importaciones.
Por temor a que estallara una tercera guerra mundial, que pudiera provocar una nueva depresión económica en la Argentina, Perón consideraba necesario lograr la independencia económica del país. Ello implicaba reducir al máximo la dependencia del exterior en cuanto a la obtención de productos industrializados, que debían ser suministrados por la industria local.
Para cumplir ese objetivo, el gobierno recurrió a una herramienta muy extendida en todo el mundo, desde la Unión Soviética hasta las sociedades capitalistas más avanzadas: la intervención del Estado en la economía. Así, se procedió a elaborar planes de desarrollo a mediano plazo, basados en los objetivos que se pretendía alcanzar. Durante el peronismo, se pusieron en práctica dos planes quinquenales: el Primer Plan Quinquenal se extendió entre 1947 y 1951, en tanto el segundo, basado en un diagnostico radicalmente distinto de los problemas económicos, comenzó a aplicarse a partir de 1953. 
Dentro del modelo económico auspiciado por el gobierno, la prioridad era profundizar la industrialización, cuya demanda procedería del mercado interno. En consecuencia alentó el pleno empleo y favoreció la redistribución del ingreso por medio de la extensión de las políticas sociales implementadas desde 1943, como el aguinaldo, las vacaciones pagas, los convenios colectivos, el seguro social y el reconocimiento de los sindicatos. Esto redundó en la conformación de una clase obrera con un alto poder adquisitivo, lo cual realimentaba el consumo, y favoreció la acumulación de importantes ganancias por parte de los empresarios, beneficiados por la protección arancelaria frente a la competencia externa.
De esa forma, en los primeros años del gobierno de Perón, se registró un importante crecimiento de las ramas industriales asociadas a la demanda de bienes de consumo masivo: textil, máquinas y artefactos eléctricos (como heladeras y otros electrodomésticos) y maquinarias (como tractores).
LA RELACION CON EL CAMPO
El gobierno financiaba el desarrollo de la industrialización y su política social con recursos que obtenía de diversas fuentes. Por un lado, se aumentaron algunos impuestos, como el impuesto a los réditos - hoy llamado impuesto a las ganancias, y se establecieron otros, como la tasa que gravaba los beneficios de las empresas. Por otro lado, se utilizó el superávit de las cajas de jubilaciones. Sin embargo, la principal fuente de financiamiento del gasto estatal fue el campo, un sector que ocupaba un rol secundario en el proyecto de país impulsado por el peronismo y que, en el discurso oficialista, era identificado con la oligarquía.
Durante el Primer Plan Quinquenal, para sostener la industrialización, el gobierno decidió utilizar gran parte de los recursos del campo. Para ello, creó el Instituto Argentino para la promoción del intercambio (AIPI), un organismo mediante el cual el Estado monopolizó el comercio internacional. El IAPI compraba la producción cerealera local a un precio fijo, inferior al que se pagaba en el mercado exterior, y la exportaba a precios internacionales.
La intervención del Estado en las relaciones comerciales garantizaba dos situaciones: por un lado, el abaratamiento del precio interno de los alimentos básicos, lo cual favorecía el consumo; por el otro, la obtención de amplios márgenes de ganancias que generaban los recursos necesarios para sus proyectos sociales y económicos.
En la práctica, estas medidas desalentaron la producción agraria. Dados los pobres beneficios que obtenían en un mercado controlado por el Estado, los productores no encontraban incentivos para aumentar el nivel de su producción. En consecuencia, muchos redujeron la producción de cereales tradicionales, como el trigo y el maíz, y decidieron diversificar sus productos, orientándose al girasol, el maní o la cebada, o hacia la ganadería.
Otras medidas del gobierno también resultaron perjudiciales para el campo. Una de ellas fue el cambio en el sistema de arrendamientos. El gobierno dispuso la renovación de los contratos de arrendamiento a los mismos valores que el contrato de arrendamiento a los mismos valores que el contrato anterior, sin contemplar los efectos de la inflación, con lo cual los propietarios de la tierra vieron doblemente erosionados sus ingresos. Al mismo tiempo, los patrones tuvieron que aumentar los salarios de los trabajadores rurales para evitar que migraran hacia las principales ciudades del país, donde podían conseguir empleo en las nuevas industrias.
LAS NACIONALIZACIONES
El peronismo fomentó la intervención del Estado en la economía y una de sus manifestaciones fue la creación de industrias estatales o mixtas, entre ellas, Gas del Estado, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Sociedad mixta Siderurgia Argentina (Somisa) e Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME). Las empresas sido expropiadas en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, también quedaron dentro de la órbita estatal en el marco de la Dirección Nacional de Industria del Estado (DINIE).
Además, el Estado tomó parte activa en la prestación de servicios pública, como el transporte- a través de la Empresa de Líneas Marítimas Argentina (ELMA) y la Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA) -, los teléfonos y la electricidad en el interior del país. Algunas de esas intervenciones implicaron la nacionalización de industrias y servicios, hasta entonces en manos de capitales extranjeros, aprovechando el fin de las concesiones de las empresas o el interés de sus antiguos propietarios por desprenderse de ellas debido a los altos costos de renovación tecnológica y los limitados beneficios que generaban.
Por su parte, la nacionalización del Banco Central, hasta entonces de capitales mixtos, otorgó al gobierno un mayor control sobre la moneda y el crédito.
Pero el caso más resonante de nacionalización de servicios públicos fue el de los ferrocarriles que, desde sus orígenes y con contadas excepciones, habían estado en poder de empresas de capitales británicos. Para su adquisición, el gobierno empleo el saldo favorable en libras esterlinas, proveniente del comercio exterior con Gran Bretaña, que la Argentina había acumulado durante la Segunda Guerra Mundial. Esas libras estaban bloqueadas en el Banco de Inglaterra y solo podían ser aplicadas a transacciones entre ambos países. Por ese motivo, el gobierno decidió utilizarlas como una alternativa de inversión. Esta medida fue presentada ante la sociedad como una política de recuperación del patrimonio nacional y un ejemplo de la independencia económica. Pero, en realidad, desde la década de 1920, los ferrocarriles habían dejado de ser rentables para los británicos debido a la competencia de los automóviles. Por lo tanto, hacía tiempo que habían dejado de invertir en su mantenimiento.
sábado, 18 de junio de 2022
GENOCIO ARMENIO - LOS JUICIOS FALLIDOS
LOS JUICIOS FALLIDOS
Cuando comenzaron a circular las noticias de que los armenios estaban siendo masacrados, los gobiernos de los Aliados (Inglaterra, Francia y Rusia) emitieron una declaración conjunta en la cual se responsabilizada al gobierno del Imperio Otomano de los crimines cometidos en su territorio “contra la humanidad y la civilización”. Tras la victoria de los Aliados en la Primera Guerra Mundial, se esperaba que estas potencias cumplieran con su promesa de justicia para los armenios.
Sin embargo, el arresto y la inculpación de miembros individuales del gobierno otomano se vieron dificultados por varias razones. En primer lugar, muchos de los responsables directos del genocidio seguían en el poder. En segunda instancia, los Aliados tenían intereses políticos divergentes en la región, lo cual causó serias diferencias sobre si inculpar o no a los responsables. Por último, y más importante, la legislación internacional se reveló inadecuada para tratar con el problema de los “crímenes contra la humanidad”.
No obstante, hubo tres intentos (finalmente fallidos) de juzgar y castigar a los culpables. El primero se trató de una serie de cortes marciales extraordinarias, emplazadas por el mismo gobierno otomano. Los turcos esperaban de ese modo obtener resultados más favorables en la Conferencia de Paz de Paris. Sin embargo, estas cortes fueron levantadas a causa de la presión del nuevo Movimiento Nacionalista Turco, dirigido por miembros del C.U.P; por lo tanto, se hizo evidente que los turcos no iban a obtener ninguna garantía a partir de los tratados de paz.
El último intento provino provino de Gran Bretaña, que recelosa de las cortes marciales otomanas, resolvió tomar bajo su custodia a los sospechosos y embárcalos a Malta, donde comenzaron a ser juzgados bajo la ley británica. Sin embargo, al no haber reunido suficientes evidencias en sus archivos contra individuos específicos que hubieran llevado adelante el genocidio, sus esfuerzos de concretar procesamientos resultaron inútiles.
LA LUCHA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA
Hasta el día de hoy, el gobierno de la República de Turquía, fundada en 1922 por miembros del C.U.P, niega la existencia de una deliberada política de asesinato sistemático de ciudadanos armenios por parte del gobierno otomano.
La posición oficial turca es que la muerte de cientos de miles de armenios (los turcos consideran un número que va de los 300.000 a los 600.000) fue un resultado trágico pero no deseado, de la guerra.
En respuesta a esta negación del genocidio, tanto el Estado Armenio como los armenios de la diáspora (los que viven fuera de Armenia) han presionado para conseguir el reconocimiento oficial del genocidio del que fueron objeto por parte de gobiernos de todo el mundo. Más de veinte países, entre ellos la Argentina, han dado el reconocimiento oficial al genocidio.
HISTORIA ARGENTINA "LA ARGENTINA Y EL RESTO DE MUNDO - EDITORIAL SM
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