EL MODELO ECONOMICO: INDUSTRIA Y MERCADO INTERNO
El peronismo continúo con la política económica implementada desde la década de 1930, orientada al fomento de la industrialización por sustitución de importaciones.
Por temor a que estallara una tercera guerra mundial, que pudiera provocar una nueva depresión económica en la Argentina, Perón consideraba necesario lograr la independencia económica del país. Ello implicaba reducir al máximo la dependencia del exterior en cuanto a la obtención de productos industrializados, que debían ser suministrados por la industria local.
Para cumplir ese objetivo, el gobierno recurrió a una herramienta muy extendida en todo el mundo, desde la Unión Soviética hasta las sociedades capitalistas más avanzadas: la intervención del Estado en la economía. Así, se procedió a elaborar planes de desarrollo a mediano plazo, basados en los objetivos que se pretendía alcanzar. Durante el peronismo, se pusieron en práctica dos planes quinquenales: el Primer Plan Quinquenal se extendió entre 1947 y 1951, en tanto el segundo, basado en un diagnostico radicalmente distinto de los problemas económicos, comenzó a aplicarse a partir de 1953.
Dentro del modelo económico auspiciado por el gobierno, la prioridad era profundizar la industrialización, cuya demanda procedería del mercado interno. En consecuencia alentó el pleno empleo y favoreció la redistribución del ingreso por medio de la extensión de las políticas sociales implementadas desde 1943, como el aguinaldo, las vacaciones pagas, los convenios colectivos, el seguro social y el reconocimiento de los sindicatos. Esto redundó en la conformación de una clase obrera con un alto poder adquisitivo, lo cual realimentaba el consumo, y favoreció la acumulación de importantes ganancias por parte de los empresarios, beneficiados por la protección arancelaria frente a la competencia externa.
De esa forma, en los primeros años del gobierno de Perón, se registró un importante crecimiento de las ramas industriales asociadas a la demanda de bienes de consumo masivo: textil, máquinas y artefactos eléctricos (como heladeras y otros electrodomésticos) y maquinarias (como tractores).
LA RELACION CON EL CAMPO
El gobierno financiaba el desarrollo de la industrialización y su política social con recursos que obtenía de diversas fuentes. Por un lado, se aumentaron algunos impuestos, como el impuesto a los réditos - hoy llamado impuesto a las ganancias, y se establecieron otros, como la tasa que gravaba los beneficios de las empresas. Por otro lado, se utilizó el superávit de las cajas de jubilaciones. Sin embargo, la principal fuente de financiamiento del gasto estatal fue el campo, un sector que ocupaba un rol secundario en el proyecto de país impulsado por el peronismo y que, en el discurso oficialista, era identificado con la oligarquía.
Durante el Primer Plan Quinquenal, para sostener la industrialización, el gobierno decidió utilizar gran parte de los recursos del campo. Para ello, creó el Instituto Argentino para la promoción del intercambio (AIPI), un organismo mediante el cual el Estado monopolizó el comercio internacional. El IAPI compraba la producción cerealera local a un precio fijo, inferior al que se pagaba en el mercado exterior, y la exportaba a precios internacionales.
La intervención del Estado en las relaciones comerciales garantizaba dos situaciones: por un lado, el abaratamiento del precio interno de los alimentos básicos, lo cual favorecía el consumo; por el otro, la obtención de amplios márgenes de ganancias que generaban los recursos necesarios para sus proyectos sociales y económicos.
En la práctica, estas medidas desalentaron la producción agraria. Dados los pobres beneficios que obtenían en un mercado controlado por el Estado, los productores no encontraban incentivos para aumentar el nivel de su producción. En consecuencia, muchos redujeron la producción de cereales tradicionales, como el trigo y el maíz, y decidieron diversificar sus productos, orientándose al girasol, el maní o la cebada, o hacia la ganadería.
Otras medidas del gobierno también resultaron perjudiciales para el campo. Una de ellas fue el cambio en el sistema de arrendamientos. El gobierno dispuso la renovación de los contratos de arrendamiento a los mismos valores que el contrato de arrendamiento a los mismos valores que el contrato anterior, sin contemplar los efectos de la inflación, con lo cual los propietarios de la tierra vieron doblemente erosionados sus ingresos. Al mismo tiempo, los patrones tuvieron que aumentar los salarios de los trabajadores rurales para evitar que migraran hacia las principales ciudades del país, donde podían conseguir empleo en las nuevas industrias.
LAS NACIONALIZACIONES
El peronismo fomentó la intervención del Estado en la economía y una de sus manifestaciones fue la creación de industrias estatales o mixtas, entre ellas, Gas del Estado, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Sociedad mixta Siderurgia Argentina (Somisa) e Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME). Las empresas sido expropiadas en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, también quedaron dentro de la órbita estatal en el marco de la Dirección Nacional de Industria del Estado (DINIE).
Además, el Estado tomó parte activa en la prestación de servicios pública, como el transporte- a través de la Empresa de Líneas Marítimas Argentina (ELMA) y la Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA) -, los teléfonos y la electricidad en el interior del país. Algunas de esas intervenciones implicaron la nacionalización de industrias y servicios, hasta entonces en manos de capitales extranjeros, aprovechando el fin de las concesiones de las empresas o el interés de sus antiguos propietarios por desprenderse de ellas debido a los altos costos de renovación tecnológica y los limitados beneficios que generaban.
Por su parte, la nacionalización del Banco Central, hasta entonces de capitales mixtos, otorgó al gobierno un mayor control sobre la moneda y el crédito.
Pero el caso más resonante de nacionalización de servicios públicos fue el de los ferrocarriles que, desde sus orígenes y con contadas excepciones, habían estado en poder de empresas de capitales británicos. Para su adquisición, el gobierno empleo el saldo favorable en libras esterlinas, proveniente del comercio exterior con Gran Bretaña, que la Argentina había acumulado durante la Segunda Guerra Mundial. Esas libras estaban bloqueadas en el Banco de Inglaterra y solo podían ser aplicadas a transacciones entre ambos países. Por ese motivo, el gobierno decidió utilizarlas como una alternativa de inversión. Esta medida fue presentada ante la sociedad como una política de recuperación del patrimonio nacional y un ejemplo de la independencia económica. Pero, en realidad, desde la década de 1920, los ferrocarriles habían dejado de ser rentables para los británicos debido a la competencia de los automóviles. Por lo tanto, hacía tiempo que habían dejado de invertir en su mantenimiento.
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